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Hace poco, Juan Pablo Gómez Fierro, cancerbero de las empresas trasnacionales de energía en el poder judicial mexicano, declinó suspender la política de precios máximos para el gas LP que establecieron la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía. De inmediato empezó una operación mediática singular y graciosa. La prensa de protección patronal y los promotores de la desregulación del sector energético lo utilizaron para ensalzarlo, como si su sentencia fuera una prueba de la imparcialidad del juzgador; según ellos, Gómez Fierro “se ha convertido en estos días en ídolo del lopezobradorismo.