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Los eventos del pasado 30 de abril en Venezuela permiten afirmar que la salida a la crisis de gobernabilidad se escapó de las manos de los factores internos en conflicto. Tanto la Operación Libertad de Juan Guaidó como el llamado a “la movilización popular” de Nicolás Maduro no lograron imponer la agenda política ese día, ni en los días subsiguientes. Aunque Guaidó sigue tratando de quebrar el círculo que sostiene a Maduro. El 30-A dejó desnudo a Maduro, porque su entorno inmediato -los que se conocen: el ministro de la Defensa, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el jefe de la Casa Militar y el director de los Servicios de Inteligencia- estuvo comprometido con el “cese de la usurpación”. Había negociado una hoja de ruta de 15 puntos, según la información del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela. El gobierno de Trump, el presidente interino y su círculo íntimo, y el sector madurista del régimen usurpador alcanzaron un acuerdo para que la transición hacia una democracia en Venezuela fuese un aterrizaje suave (“soft landing”). Hasta ahora el Pentágono ha estado renuente a una acción militar en Venezuela. Las nuevas reglas de la guerra de 5° generación se dan en “sombras complicadas”. Son de naturaleza asimétrica. Una intervención internacional para acabar con “el cese de la usurpación” generaría el colapso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como institución del Estado, lo que dejaría al gobierno de transición sin unidad de mando central. Una situación que crearía grupos armados o ejércitos irregulares ocupando territorios, dificultando la gobernabilidad del país. En ese sentido, los 5.000 misiles tierra-aire MANPADS de fabricación rusa que tiene la FANB, según Reuters, podrían caer en manos equivocadas en el momento de un conflicto bélico con fuerzas internacionales, lo cual podría generar una desestabilización en la región. Por ello, la opción de la intervención militar de Estados Unidos tiene que controlar los riesgos que representa el Estado mafioso que hoy opera bajo la sombra del Estado-nación en Venezuela. Por lo tanto, la realidad del 30-A -ninguna de las fuerzas en pugna logra imponerse sobre la otra- ha abierto otras opciones para resolver la crisis de gobernabilidad en el país caribeño. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia conversaron por teléfono sobre Venezuela, y de otros países el 3 de mayo. La portavoz de la Casa Blanca aseguró que el mandatario norteamericano “reiteró la necesidad de una transición pacífica”. Y, el jefe del Estado ruso afirmó que “corresponde a los propios venezolanos definir el futuro de su país, (...) la injerencia externa y los intentos de cambio de poder por la fuerza socavan las posibilidades de una solución política a la crisis”. Rusia busca sacar ventaja de la posición que tiene en Venezuela para resolver la crisis de Ucrania por la anexión de la península de Crimea en 2014. En Venezuela -aparte de seguir superando a Estados Unidos en los conflictos regionales a nivel mundial- su interés es como acreedor de la venta de armas y el colateral que tiene sobre Citgo, además de propietario de varios activos petroleros, importantes para Igor Sechin. Una deuda que asciende a 10.000 millones de dólares. Por otro lado, el 4 de mayo, el presidente de Cuba se comunicó con el primer ministro de Canadá para enfatizar en “la necesidad del diálogo con Maduro basado en el respeto a la soberanía de Venezuela y al derecho internacional sin amenaza ni intervención extranjera”. Ambos mandatarios se comprometieron a “trabajar juntos para encontrar una solución a la crisis” en el país bolivariano. Para Cuba, Maduro es el garante de la sobrevivencia económica de la isla. Además, los cancilleres del Grupo de Lima acordaron el pasado viernes en Lima invitar a Cuba y al Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela a participar de manera conjunta en una solución a la crisis política en Venezuela, tras una reunión de emergencia del bloque...